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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1224, 2 de diciembre de 2020

SEGUNDO PLENARIO POR ABORTO: TURNO MAÑANA

Se realizó el segundo plenario sobre aborto de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Salud.

Exposiciones

Soledad Deza, abogada tucumana de “católicas por el derecho a decidir”: aseveró que “la objeción de conciencia nació como una herramienta noble para resistir la opresión y proteger a las minorías”, pero que “el art. 10 del proyecto es una enorme concesión para los que suelen usar su propia conciencia para afectar el servicio de salud pública”, para los que “tratan indignamente a los que no piensan igual”. “Los jefes de servicio no deberían poder ser objetores de conciencia”. “La penalización del aborto es insalubre”.

Nicolás Laferriere, Dr. en Cs. Jurídicas, especialista en bioética: señaló que con esto habría 4 momentos del inicio de la vida: La concepción (momento tradicional que mencionan muchas normas y la CN), la semana 12 (desde que se cobra la AUE), la semana 14 (hasta la que se permite el aborto a demanda) y el nacimiento (momento hasta el que se podría abortar por causales). “No es sólo una falta de coherencia normativa sino también y ante todo una inadmisible discriminación entre los niños”. “El proyecto impone el aborto”. “El aborto sistemático de las personas con discapacidad será una consecuencia de esta ley”.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista: habló de supuestas obligaciones contraídas internacionalmente, basándose en las recomendaciones de los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos. “No existe ninguna norma constitucional que haga que este proyecto sea inválido”. Para Gil Domínguez cuando una mujer decide abortar “ejerce su autonomía”.

Aníbal Bakir, Presidente del Centro Islámico de la República Argentina: dijo que para el Islam no hay que matar a los hijos “por razones económicas o temor a la pobreza”. “Evitar un daño se antepone a salvar un bien”. Explicó que para ellos el derecho del “ser viviente” prevalece sobre el del “potencialmente vivo” (embrión o feto). Afirmó que “el embrión no es un ser humano hasta los 120 días contados desde la concepción”, que desde los 120 días y hasta el parto es un ser humano y después del parto una persona con personalidad civil. Después de los 4 meses de gestación sólo aceptan el aborto si afecta gravemente la salud de la madre. 

Diana Maffia, filósofa feminista: mencionó que el hecho de que el aborto se habilite por plazos no quiere decir que no haya causales, sino que no hay que exponerlas y que con esto “se le reconoce a las mujeres la autonomía”. Para Maffia el aborto es la resolución de un conflicto moral entre la “maternidad forzada” y “la interrupción del embarazo”. “Si el aborto es un delito la mujer que aborta será tratada como delincuente”. “La penalización no protege la vida”.

Ma. Angélica Gelli, Directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas: destacó que la vida comienza en la concepción y que ese bien está protegido jurídicamente. Denunció el eufemismo de hablar de “interrupción del embarazo” y explicó que lo que se está considerando es un “derecho subjetivo” a abortar.  Puntualizó que el proyecto entraña una imposición a los médicos de promover el aborto y concluyó que la obligación de los médicos a cooperar con la práctica, neutraliza la objeción de conciencia. “Las instituciones tienen la conciencia de sus integrantes, debe haber objeción de conciencia institucional”. Remarcó que las sanciones previstas para los médicos afectan a la libertad médica y que los médicos se verían obligados a traicionar su juramento hipocrático. Distinguió entre la letra del tratado y las recomendaciones de los comités que monitorean su implementación, que, afirmó “no tienen el mismo valor”.

Leda Guzzi, infectóloga: “el personal de la salud no puede juzgar el comportamiento de las personas sino ser empático”. Mencionó abultadas cifras de aborto a nivel mundial y en el contexto de América Latina y el Caribe. No habló de las de nuestro país, sólo expuso datos del municipio de Morón (BsAs).

Mons. Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires: el prelado que tiene a su cargo la pastoral de las villas afirmó que la pandemia puso de manifiesto la “cultura del descarte” y que el virus del Covid desnudó “el gran virus de la injusticia social”. Advirtió que “las más de 4.600 villas del país en general no tienen acceso al agua potable, que es vida, que es salud”.  “La negociación de la deuda externa no puede hacerse a costa de generar más deudas sociales”. “Muchas veces los organismos que prestan dinero lo condicionan a políticas de población”. “En los barrios no se reduciría la desigualdad sino la cantidad de pobres”. Mencionó los reclamos habituales de los curas villeros sobre temas como droga, inmigración o racismo y añadió que los hacen animados por “una profunda convicción sobre la dignidad de la persona humana” y agregó que ahora hacen lo mismo con los niños por nacer. “Si se niega el derecho a vivir todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo” “Cuando una mujer humilde se va a hacer una ecografía no dice vengo a ver un conjunto de células sino vengo a ver cómo está mi hijo”. “No se puede decidir quién tiene derecho a vivir y quién no”. “La pandemia nos mostró que primero está la vida y después la libertad”. Aseguró que para las mujeres pobres los hijos son su mayor tesoro y que a las mamás que sufren condiciones dramáticas hay que acompañarlas en su embarazo, como se hace en los barrios populares. Estimó que esto es “egoísmo disfrazado de libertad”.

Víctor Urbani, ex ministro de Salud de la provincia de Jujuy: afirmó que se estiman 370.000 abortos al año pero que la cifra real se va a conocer cuando se apruebe la ley.  “Hay 38.000 egresos anuales por complicaciones de aborto en el sector público”, dijo sin discriminar por las causales de hospitalización. Mencionó un estudio sobre mortalidad materna realizado en Jujuy en el año 2012. Describió los procedimientos abortivos como algo sencillo y económico. “Esta ley no afecta los derechos del niño, salvaguarda los de las mujeres”. Cuestionó a la Iglesia Católica.

Martín Olivera Ravasi, ginecólo (UBA), especialista en medicina materno-fetal (Univ. de Barcelona): recordó que la medicina es una ciencia natural que establece que la vida comienza con la concepción y que el feto es una entidad distinta de la madre con una carga genética propia. “La salud pública es para prolongar la vida y fomentar la salud”. Mencionó realidades que evidencian los fracasos de las leyes de Salud Reproductiva y de Educación Sexual. “No se puede promover el aborto desde la falacia de la salud pública”. Habló de las muertes maternas destacando que más del 80% de ellas no son por aborto. 

Aída Kemelmajer De Carlucci, ex Ministro de la SCJ de Mendoza: “el proyecto no contraría sino confirma lo dispuesto por los tratados internacionales que conforman el bloque constitucional” afirmó, y -como Gil Dominguez- se basó en las recomendaciones de los comités de seguimiento. “No hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”.  Tradujo el dogma de la Revolución francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad” como: “Autonomía, Igualdad y Solidaridad” y reclamó que esto se aplique al aborto.

Néstor Sagués, abogado (UNL), Dr en Derecho (Univ. de Madrid), titular de Derecho Constitucional (UBA): enunció tres hipótesis de aborto que maneja el proyecto: el terapéutico, el derivado de un abuso sexual y el discrecional, y se refirió al último. Le pareció increíble que no se aluda ni una sola vez a la persona que se está gestando y que no se mencione ninguno de sus derechos, “se niega su condición de persona y su derecho a la vida”. “Hay que tener coraje para hacerlo”, afirmó después fundándose en la normativa vigente a la que describió con solvencia. Calificó de “aberración jurídica” el hecho de que se le quiera dar a la madre el derecho a matar a su hijo. Aclaró que las recomendaciones de los comités de seguimiento de los tratados internacionales son “soft law” y que sus integrantes no son jueces, ni sujetos imparciales.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1223, 1 de diciembre de 2020  

Editora: Lic. Mónica del Río

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