NOTIVIDA, Año XII, Nº 858, 2 de octubre de
2012 San Rafael, Mendoza EL CIDEPROF LE SOLICITA A
MACRI EL VETO La institución ofrece hacerse cargo de
los niños concebidos como consecuencia de una violación y, si fuera necesario,
de sus madres -sea cual fuere la condición específica de su salud mental-.
Siguen los agravios a la Iglesia. Mañana, los trokistas,
en una nueva burla a la Iglesia, se disfrazarán de
curas, y escracharán a Macri por su posible veto
a la ley de
aborto que, bajo el eufemismo de “no punible”, introduce la práctica encubierta
del aborto libre y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. Lejos de la
Plaza de Mayo, curas de verdad, seguirán cuidando, sin pausa y silenciosamente,
a los más necesitados. El Instituto del
Verbo Encarnado lleva adelante en San Rafael (Mendoza) un proyecto denominado
'Ciudad de la Caridad'. Al presente, cuenta con: el Hogar San Martín de Tours
que atiende a más de 50 enfermos varones discapacitados, de diversos niveles de
profundidad; el Hogar Divina Providencia que cobija a alrededor de 60
discapacitadas enfermas (algunas de ellas madres solteras discapacitadas, que
han dado a luz a hijos sanos con los que interactúan, enriqueciéndose
mutuamente); el Hogar de niños Gianna Beretta Molla, con 70 niños huérfanos o
con problemas familiares y el Hogar Rosa Giovannetti de
adolescentes y jóvenes. Los profesionales que asisten los Hogares fundaron, hace 15 años, el CIDEPROF (Centro de Investigación de la
Problemática Familiar), para investigar acerca de la problemática de la
familia y la discapacidad. Estos antecedentes
muestran que el pedido de veto elevado a Macri, por el Dr Ricardo Curutchet,
presidente del CIDEPROF y miembro de la Junta Ejecutiva Federal de la Red
Federal de Familias, no es meramente declarativo.
Recuerda Curutchet
en la misiva; que “la ley en ciernes pisotea el derecho a la vida del que es
titular el niño por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se promueve; y a
cuya práctica se obliga a los prestadores de salud y a las instituciones
sanitarias de la Ciudad”. Tras fundar con
sólidos argumentos jurídicos su solicitud, Curutchet enfatiza: “ofrecemos a ese Gobierno y a todas las
mujeres afectadas, a sus familias y a su entorno social, hacernos cargo de esos
niños desde su nacimiento y, si fuere necesario, hacernos cargo de las madres,
desde el momento en que ellas tomen conciencia de su embarazo y hasta el momento
que sea necesario”. A continuación el
texto completo del pedido de veto: Buenos Aires, 1° de octubre de 2012. Señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ing Mauricio
Macri. De nuestra
consideración: En mi carácter de
presidente del CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR cumplo en
dirigirme a Ud., en su condición de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de solicitarle, en nombre de la asociación que presido, que
ejerza el derecho de veto que le confiere la legislación vigente respecto de la
ley de aborto que, bajo el eufemismo de “no punible” introduce la práctica encubierta del aborto
libre y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires; y, de ese modo, cumpla Ud.
con el deber de custodia y promoción del Bien Común que se le ha encomendado y
que incluye, en su primer nivel de exigencia, el cuidado de los más desvalidos.
El Estado jamás debería verse involucrado, bajo ningún aspecto, en la
eliminación sistemática de seres humanos inocentes, incluidos obviamente los
niños y las niñas por nacer. En efecto, como bien
se ha dicho, aun cuando se pretendiera acordar vigencia —que no la tienen—, a
las categorías de abortos “no punibles”; la —nula, inconstitucional y derogada—
solución de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal únicamente se
limitaba a establecer que sólo cuando el aborto era practicado en las dos
hipótesis específicamente previstas, ese hecho delictivo quedaría sin castigo,
no corresponde que de ello se extraiga
la consagración de un “derecho a abortar”, y, mucho menos, la obligación de
llevar a cabo la práctica o de proporcionar medios para que el aborto se
realice. Los bienes públicos
sujetos a la administración del Estado, en este caso a la suya, de ningún modo
pueden aplicarse al financiamiento de prácticas ilícitas (ni siquiera en el
supuesto de que ellas, por las razones que sean, no reciban sanción penal) y,
menos aún puede obligarse a los funcionarios públicos a incurrir en ellas o a
contribuir a su ejecución. La ley sancionada,
que hace impune, legitima y convierte en obligatoria la práctica de los abortos
en los casos que allí se prevén, no sólo es moralmente repugnante sino que, más
allá de su inconstitucionalidad sustancial, excede por completo su competencia,
ya que la sanción de normas en materia penal ha sido delegada al Poder
Legislativo Nacional. En nombre del Centro
cuya representación ejerzo, le pido que tenga en cuenta que dicha ley en ciernes
pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se
promueve; y a cuya práctica se
obliga a los prestadores de salud y a las instituciones sanitarias de la
Ciudad, olvidando que tal derecho tiene rango constitucional de primer
nivel; y que, en concreto, consiste en el interés superior del niño; interés que
las disposiciones constitucionales y legales en vigencia obligan a proteger en
primer término y en absoluto, es decir, sin condiciones, por lo que está por
encima de toda otra consideración y derecho que, supuestamente, se vean
afectados por el respeto de aquél, es decir, de la vida del niño cuyo asesinato
se preconiza. Recuerde, señor Jefe
de Gobierno, que la ley cuya promulgación se pretende, concordantemente con el
fallo de la Corte Suprema que es su antecedente (conf. re “Fuentes, Aurora s/
medida autosatisfactiva” —Fallo n° 259/2010 Letra F, Libro 46—) cínicamente pero
de acuerdo con el dictamen unánime de la ciencia, reconoce la existencia de vida
humana en el niño concebido como consecuencia supuesta de una violación pero
—contradiciendo esa premisa— autoriza y manda suprimirla en aras de difusos
derechos de la madre que, aunque existieran, son de evidente subordinación a
aquél superior de la vida del niño por nacer. Tenga presente entonces que
quienes recojan ese criterio estarán autorizando y ordenando suprimir vidas
inocentes, sólo “culpables”
(¡culpables!, ¡qué aberración tan patente y que parece no se advierte!) de su
origen. Porque es así: el autorizar, y reitero, obligar, la práctica de abortos,
implica la creación de una categoría especial de personas, las que han sido
concebidas a raíz de una violación, a las cuales, sin que calidad alguna suya
las distinga de otras, se las priva de la protección de los servicios de
justicia y de salud y a las que niega, lisa y llanamente, el derecho a la vida.
O sea, de personas sin derecho a la vida. No otra cosa implicaría la
promulgación de la ley en cuestión. Por ello, solicito
que vete el proyecto de aborto no punible sancionado por la Legislatura
porteña. No desconocemos los
graves problemas que para la víctima de una violación puede acarrear un
subsiguiente embarazo y su gestación, alumbramiento y el posterior sostén de un
hijo nacido bajo tales circunstancias. Creemos sinceramente
que una acogida favorable y maternal a ese niño residente en su seno será, para
la madre que así lo reciba —sea cual fuere la condición específica de su salud
mental—, una generosa fuente de alegrías y bendiciones a lo largo de su vida;
pero comprendemos también que eso no pueda ser así aceptado por parte de quien
ha sufrido una tan grande violencia en su cuerpo, en su psiquis y en su
dignidad, por lo cual ofrecemos a ese
Gobierno y a todas las mujeres afectadas, a sus familias y a su entorno social,
hacernos cargo de esos niños desde su nacimiento y, si fuere necesario, hacernos cargo de las madres, desde el
momento en que ellas tomen conciencia de su embarazo y hasta el momento que sea
necesario. Esta oferta, que
ahora hacemos simplemente por medio de esta carta que enviamos por vía
electrónica, nos comprometemos a confirmarla con los datos suficientes que la
tornen aceptable y digna de confianza por parte de la sociedad y de sus
legisladores. Mientras tanto, y
nuevamente invocando la representación del Centro de Investigaciones de la
Problemática Familiar, le pido encarecidamente que atienda nuestra solicitud y
vete la ley para cuya promulgación ha sido elevada a la consideración de esa
Jefatura de Gobierno. Junto con nuestra
encendida petición y en la espera de que será favorablemente atendida, reciba
Ud. nuestro saludo. Ricardo
S. Curutchet,
Presidente
del Consejo Directivo del CIDEPROF ________________________________________ NOTIVIDA, Año XII, Nº 858, 2 de octubre
de 2012 Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja
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