NOTIVIDA, Año III, nº 123, 20 de Enero de 2003 

Buenos Aires, Argentina 

SE PONE EN MARCHA EL PLAN DE ESTERILIZACIÓN DE LOS POBRES

Es comparable al que dio origen al juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex-presidente peruano Fujimori

Como era de esperar las promesas del gobierno del Dr. Duhalde sobre que en la reglamentación de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se iban a tener en cuenta las objeciones que la Iglesia, de los padres de familia y de las asociaciones y los movimientos pro-vida, sólo fueron -como anunciamos- "un engaña-bobos". Quienes las creyeron de buena fe y los que lo hicieron para no complicarse la vida, como si se pudiera esperar algo de los representantes de la internacional del aborto, se han visto burlados. El "compromiso" había sido anunciado en la Cámara de Senadores, el día que se sancionó la ley (30-12-02), por el senador Gioja y la senadora Halak, y también por el senador Antonio Cafiero. 

Ya en diciembre, el ministro Ginés González García, anunció el programa denominado "Cuidarnos" para llegar a 4 millones de niños, 700 mil mujeres embarazadas y 9 millones de mujeres en edad fértil (Página 12, 12-12-02), dirigido especialmente a la población más pobre. Además, se anunciaba que el plan contaba con el apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, de los miembros de la Mesa de Diálogo, de autoridades universitarias, entidades médicas, sanatorios y clínicas, entre otros. 

El 20 de enero, también Página 12, publicó que "la reglamentación de la polémica Ley 25.673 no se hizo en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino como anunció Chiche Duhalde en su momento. La tarea estuvo a cargo de un equipo de especialistas del Area de Salud Reproductiva Materno Perinatal, que depende de la secretaria de Programas Sanitarios, Graciela Rosso. Se ocuparon de redactar el artículo primero que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El texto fue consensuado con entidades médicas como la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, la Federación Argentina de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y la Asociación Argentina por la Salud Sexual y Reproductiva, además de ONG de mujeres (FEIM y ISPM), investigadoras en temas de salud (del Cedes y Cenep-Conicet) y asesores de legisladores. Según informó Rosso a este diario, se espera que el ministro Ginés González García le dé el OK en los próximos días y después pase a la firma del presidente Duhalde".  

La reglamentación, se hizo en base al anexo del proyecto de ley, que en 1995 aprobó la Cámara de Diputados y que no fue sancionado por el Senado, elaborado por el Ministerio de Salud del gobierno del Dr. Menem y por funcionarios de la ONU (UNICEF, PNUD, OMS) y abortistas locales.  

La reglamentación apunta a la "población general sin discriminación alguna", es decir, incluye a los adolescentes. "Respalda el derecho de las personas a 'tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados, y a regular su fecundidad'. Promueve la 'consejería' en salud reproductiva en los centros de salud. Establece el 'principio de autonomía' de todas las personas para decidir 'en libertad' y 'en forma individual' qué anticonceptivo elegir para regular su fertilidad, a partir del asesoramiento médico". 

Continúa diciendo Página 12, que según el plan los médicos deben informar sobre todos los métodos autorizados por el Ministerio de Salud, incluyendo la anticoncepción de emergencia para casos como una violación o una relación sexual sin protección, y la esterilización a través de la vasectomía y la ligadura de trompas. El programa, "tiene un claro enfoque de género: está dirigido tanto a mujeres como a varones. Promueve conductas de responsabilidad compartida en la pareja, tanto en la procreación y en el cuidado de la descendencia como frente a la decisión y el empleo de métodos anticonceptivos".  

Por lo declarado por los funcionarios, la reglamentación tiene como especial objetivo a las mujeres pobres. Avanza sobre el texto de la ley, ya que expresamente se refiere a la esterilización quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía) y al método abortivo, llamado anticoncepción de emergencia. Cabe aclarar que los anticonceptivos hormonales son todos abortivos, pues como el DIU, alteran el endometrio del útero, impidiendo la implantación del óvulo fecundado. 

Además, la reglamentación instituye "el seguimiento" de las mujeres sujetas al programa, estableciendo lo que podría llamarse un "régimen policial" contra el embarazo, especialmente de mujeres pobres. Así se debe entender la palabra "consejería", en este contexto. 

"Para poder cumplir, sigue el diario, con el programa en todo el país, el Ministerio de Salud llamará a licitación para comprar métodos por valor de 2,5 millones de dólares: preservativos, 200 mil dispositivos intrauterinos (DIU), 6.500.000 de blisters de anticonceptivos orales combinados y 480 mil inyectables. 'Es la primera vez que se hace una compra de esta magnitud desde el Estado', destacó Rosso. 'Esperamos tener los elementos en 40 días y empezar a distribuirlos en 60', agregó. En las primeras semanas de febrero, además, el ministerio recibirá una donación de la ONU de contraceptivos hormonales y preservativos, que se sumará a otra que ya recibió de 200 mil DIU. 'Los vamos a distribuir entre las 13 provincias que tienen leyes o programas de salud reproductiva para que puedan entregarlos. Con las que no tienen normativas estamos haciendo convenios para que pongan en marcha programas. Con la única que nos falta firmar es con San Luis', detalló la secretaria de Programas Sanitarios. En julio está prevista otra compra por 2,5 millones de dólares, con la cual se cubrirá la demanda de enero a diciembre en todo el país. 'La Nación va a garantizar que en todos los hospitales de las provincias haya anticonceptivos', prometió Rosso. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, que Página/12 publicó en exclusiva el 26 de diciembre, en la mayoría de las provincias no se entregan métodos -aunque esté previsto en las leyes locales vigentes- por falta de presupuesto, por el desvío de fondos para comprarlos hacia otros fines y por presiones de la Iglesia Católica". 

Además, se anunció que desde el Ministerio de Salud empezaron a trabajar con asesores de Educación para incluir el tema dentro de las currículas. "Es un aspecto fundamental", destacó Rosso. Es decir, el avance sobre la enseñanza, no sólo la de gestión estatal, es un hecho, también en esto el plan cumple al pie de la letra los dictados de la ONU, especialmente de organismos como UNICEF, OMS y el Programa para el Desarrollo (PNUD), cuyo embajador -el marxista español Angulo- es un activo protagonista de la Mesa del Diálogo.  

A todo esto, como se informó en Noticias Globales, los programas PROMIN I y II, en los que la UNICEF, tiene un papel protagónico, incluyen desde hace tiempo, servicios de salud reproductiva, porque seguramente pretenden paliar el hambre de los pobres con píldoras abortivas y DIU's.  

Para concluir, recogemos otro párrafo de Página 12: "No estamos debatiendo la ley. El Episcopado se confunde. Ese debate es el que perdió en el Congreso. Nosotros la estamos reglamentando", respondió Rosso al ser consultada sobre la posición expresada por la Conferencia Episcopal.  

Se abre así, el capítulo de las batallas judiciales: los padres de familia, y los profesionales de la salud y la educación, sin distinción de credos, deberán hacer valer sus derechos ante los tribunales. Lamentablemente, mientras tanto, muchas vidas humanas se perderán y muchas mujeres pobres serán esterilizadas. FIN 

RUEDA DE ENLACE DE ONG's

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NOTIVIDA, Año III, nº 123, 20 de Enero de 2003

Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica del Río

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